por Samantha Singson
WASHINGTON, 28 de enero 2011 (C-FAM) – Miembros del Congreso se reunieron esta semana para tratar la suspensión de algunas contribuciones a las Naciones Unidas hasta tanto incorpore “drásticas” reformas para prevenir la corrupción y permitir el financiamiento voluntario.
Estados Unidos es el mayor donante de la ONU; cubre casi un cuarto del presupuesto anual de operaciones de la Organización, lo cual no incluye los fondos adicionales que este país provee para las operaciones de mantenimiento de la paz. Los legisladores estadounidenses presionan para que se amplíen los recortes, ya que buscan reducir el déficit presupuestario nacional.
La representante estadounidense Ileana Ros-Lehtinen, flamante presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, presionó por conseguir “primero la reforma y después el pago” y no anduvo con rodeos sobre su descontento acerca del polémico Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“Quisiera asegurarme de que de una vez por todas acabemos con todo financiamiento estadounidense a esa bestia”, dijo Ros-Lehtinen.
La reforma propuesta por Ros-Lehtinen permitirá a Estados Unidos elegir los proyectos y las actividades que estén en consonancia con los intereses del país y fomentará una mayor transparencia ya que “cada mandato, actividad, programa y subprograma de la ONU, país por país y función por función, debe ser justificado por separado”.
Efectivamente, los escándalos de corrupción siguen infestando la ONU. En la actualidad, el principal investigador de este organismo está siendo investigado por represalias en contra de quienes denuncian casos de corrupción.
A raíz del abrumador déficit federal, otros formuladores de políticas estadounidenses examinan detalladamente el financiamiento de la ONU por parte de su país. En el transcurso de la primera jornada de sesiones de la Cámara baja, el representante Cliff Stearns propuso una medida por la que solicitaba al Congreso que se negara el empleo de fondos federales para el “diseño, renovación, construcción o alquiler de cualquier sede para las Naciones Unidas en cualquier localidad de Estados Unidos”, a menos que el presidente Obama “emita al Congreso un certificado de que las Naciones Unidas ha adoptado las mejores prácticas internacionalmente reconocidas en materia de contratos y adquisiciones”.
Otro proyecto de ley presentado este mes por el representante republicano de Texas Kevin Brady demanda una reducción del 10% en las contribuciones voluntarias.
Los legisladores estadounidenses retuvieron el financiamiento a la ONU en otros tiempos. En la década del 90, el entonces presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Jesse Helms, logró bloquear toda subvención a la ONU por un largo período.
A pesar de que el secretario general de la ONU Ban Ki-moon declaró públicamente que está seguro de que se mantendrá el nivel de financiamiento, algunos informes de los medios dan indicios de que Ban estaba ansioso por reunirse con los líderes del Congreso para presentar sus argumentos a favor del apoyo absoluto e ininterrumpido a las Naciones Unidas.
Wendy Wright, de la organización Concerned Women for America, dijo a Friday Fax: “Los funcionarios de la ONU han vivido bien a expensas de los tributantes estadounidenses”. Wright expresó su apoyo a las reformas de Ros-Lehtinen al afirmar: “Es tiempo de transparencia y rendición de cuentas, y del fin del fraude del despilfarro y de los excesos en la ONU”.
Las contribuciones a las Naciones Unidas deben ser financiadas mediante planes de gastos anuales aprobados por el Congreso y están sujetas a la ratificación tanto de la Cámara baja como del Senado. Ros-Lehtinen prometió que la reunión de esta semana es sólo la primera de una serie de consultas que el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes realizará respecto del financiamiento a la ONU.
Traducido por Luciana María Palazzo de Castellano
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