El plan K para evitar que la justicia suspenda la elección para el Consejo de la Magistratura.

por Carlos Tórtora

Prácticamente ya no hay duda alguna acerca de que el proyecto que propone la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura será sancionado por la Cámara de Senadores esta semana y en la primera semana de mayo a más tardar por la Cámara de Diputados.

También esta claro que la oposición se prepara para dar batalla en el terreno judicial. Esto es, impugnar la ley por distintas inconstitucionalidades. La más obvia, que el artículo 114 de la Constitución Nacional diferencia claramente entre los miembros del Consejo que surgen de la elección popular (los legisladores) y los que no, es decir, representantes de los jueces, abogados y del ámbito académico y científico. Tratándose de un problema de innegable urgencia, lo más probable es que los legisladores de la oposición presenten amparos con el pedido para que se dicten medidas cautelares de no innovar que ordenen se deje sin efecto la aplicación de la ley. El gobierno enfrenta entonces el riesgo concreto de que la justicia trabe su propósito de que los precandidatos al Consejo se elijan en las primarias del 11 de agosto. El resultado de una derrota en Tribunales podría ser desastroso para el kirchnerismo, justo en el comienzo del año electoral y con una economía que no da señales firmes de reactivación. De hecho, lo que se plantea es una carrera contra el tiempo. Es que el 22 de junio vence el plazo establecido por el artículo 26 de la ley 26.571 para que se presenten las listas de precandidatos ante las juntas electorales de cada partido o alianza. A partir de esa fecha, las posibilidades de que un fallo judicial deje sin efecto la elección de los consejeros disminuirán rápidamente. La razón es que una vez puesto en marcha el calendario electoral, una sentencia judicial contra la elección de los consejeros sería inaplicable contra candidaturas ya oficializadas. Cuatro días después se oficializarán los modelos de boleta, con lo cual sería cada vez menos probable que la justicia pueda dar marcha atrás este proceso. En síntesis, que sólo sería viable para los jueces frenar la elección hasta el 22 de junio. Después, lo más probable es que la justicia electoral se pronuncie a favor de que la elección se realice.

Una secuencia de dilaciones

Ante este panorama, operadores del gobierno tendrían un plan para postergar al máximo el comienzo del plazo para accionar contra la futura ley. El mismo apuntaría a que la oposición se quede prácticamente sin tiempo para acudir a tribunales antes  del 22 de junio. La ley sería aprobada en Diputados en la primera semana de junio, pero sólo quedará sancionada a partir de su promulgación por el Poder Ejecutivo. El artículo 80 de la Constitución establece dos tipos de promulgación. La expresa es mediante un decreto y la tácita cuando pasan 10 días desde la recepción del proyecto y el Ejecutivo no lo aprueba ni desaprueba. CFK recurrió a esta última en diciembre del año pasado cuando dejó transcurrir el plazo para la promulgación tácita de la ley de per saltum. Ahora, si el gobierno dejara correr los 10 días hábiles, llegaríamos a la tercera semana de mayo. Pero la dilación puede llegar más lejos, porque la entrada en vigencia de la ley recién se produciría con su publicación en el Boletín Oficial. Y la justicia no admitiría acciones en su contra antes de que sea publicada. Es más, si la ley no prevé expresamente la fecha de su entrada en vigencia -y en este caso no lo hace- la misma recién se producirá 8 días después de su publicación en el Boletín Oficial. Así las cosas, las presentaciones judiciales contra la norma recién serian formalmente viables a partir de la segunda semana de junio. Si en el breve plazo hasta el 22 algún juez resolviera suspender la elección de los consejeros, el gobierno apelaría inmediatamente la medida con efectos suspensivos. Es decir que el proceso electoral seguiría su curso hasta que resuelva la Corte, que podría hacerse cargo del expediente rápidamente si la oposición presenta un per saltum. De este modo, si el cristinismo recurre a esta estrategia sería muy improbable que la justicia consiga frenar la elección de consejeros en los brevísimos plazos que están en juego.

abril 15, 2013

Informador Público