miércoles, 3 de julio de 2013

AFIP: caraduras e inmorales.

Por Diario HOY.-  El gobierno nacional profundizó el apriete sobre la Justicia, confirmando que la AFIP tiene en la mira al presidente de la Corte. Al mismo tiempo, el gobierno K permite que narcotraficantes y mafiosos puedan blanquear sus dólares manchados con sangre sin dar ningún tipo de explicaciones.
¿Cómo se puede explicar que, el mismo día en que el gobierno nacional le abrió las puertas del país a mafiosos, narcotraficantes y terroristas, para que puedan blanquear su dinero manchado con sangre sin dar explicaciones, el organismo dedicado al control impositivo justifique que tiene en la mira al titular de la Corte y su familia por supuesta evasión fiscal?
Es asombroso que se estén dando estas circunstancias en nuestro país. Un ministro de la Corte está siendo prácticamente apretado por el gobierno K, en clara señal de represalia por el fallo que declaró inconstitucional una de las leyes claves de la denominada reforma judicial impulsada por el gobierno para garantizarse impunidad, y -al mismo tiempo- desde el propio Estado se emiten los denominados CEDIN.
Es decir, los bonos para captar dólares no registrados, de origen oscuro, como si en la Argentina viviéramos en un paraíso fiscal. 
En realidad, los K quieren convertir a nuestra nación en una suerte de país bananero. “La Afip tiene potestades legales para el cumplimiento de sus objetivos. Ahora bien, cuando no hay una base razonable que de lugar a una investigación, si la Afip igual lleva adelante estos procedimientos se da una situación de claro abuso público, que en el contexto en que estamos viviendo puede interpretarse como una persecución contra el que piensa distinto. Resulta una paradoja muy llamativa, que por un lado la Afip esté preocupada en desarrollar un procedimiento de control en este contexto y que al mis­mo tiempo se lance un procedimiento (como el blanqueo de capitales) que esta fuera de todos los controles”, le dijo a Hoy Andrés Gil Domínguez, constitucionalista y docente de posgrado en la Universidad de Buenos Aires. 
Si no fuera trágico, porque esta en juego los derechos y garantías individuales de todos los que tienen una visión diferente al relato K (cualquier persona que públicamente opine distintos al kirchnerismo corre el riesgo de recibir la visita de un inspector), realmente sería cómico. La puesta en escena que ayer realizó el titular de la AFIP, Ricardo Etchegaray, tuvo mucho de bizarro. Concretamente, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dejó de lado el secreto fiscal al ventilar la situación impositiva del titular de la Corte y de su familia. Y apuntó, específicamente, a la compra de una propiedad en Puerto Madero que realizó la empresa Ratios SA mediante una firma radicada en el exterior. Dijo que esas "circunstancias son indicios a tomar en futuras investigaciones", al tiempo que señaló que en la compañía figuraban como accionistas los hijos del titular del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti. Echegaray, sin ponerse colorado, consideró que el Tribunal incurrió en "un abordaje impropio" al solicitar una audiencia "para tratar cuestiones estrictamente particulares". En su exposición ante los periodistas en ocasión de anunciar los números de la recaudación de junio, Echegaray reveló también que se había "detectado" que el secretario administrativo de la Corte, Héctor Marchi no había presentado en tiempo y forma la Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias de 2012. Según el funcionario, de ese cruce de datos también surgió la compra de Ratios S.A. 
El titular de la AFIP enfatizó que, a su entender, la Corte Suprema pretende un "tratamiento especial" en materia de investigaciones impositivas. Resulta realmente sorprendente que desde el organismo recaudador haga este tipo de declaraciones cuando desde la AFIP colaboraron, de manera escandalosa, para dibujar las declaraciones juradas de la familia Kirchner, lo que luego derivó en que el juez Norberto Oyarbide archivara una denuncia por enriquecimiento ilícito en tiempo récord.
Procesados por campaña sucia 
La campaña sucia de 2009 tuvo su rebote cuatro años más tarde en el ámbito judicial. Un juez decidió procesar a tres agentes de la AFIP por "violación del secreto fiscal": están acusados de revelar datos sobre los bienes de Francisco de Narváez, cuando era candidato a diputado 2009 y peleaba nada menos que contra el ex presidente Néstor Kirchner. La decisión del juez federal Luis Rodríguez afecta a Oscar Ramos Rivera, jefe de fiscalización externa de la Dirección de Grandes Contribuyentes; María Luisa Ghiglione, supervisora del Departamento de Investigación de Grandes Contribuyentes; y al inspector Fernando Aparicio. 
En foco: Cuando el gobierno da el mal ejemplo. 
En cualquier sociedad civilizada, los ciudadanos tienen derechos y obligaciones. Entre estas últimas, aparece el deber de cumplir con el pago de impuestos ya que es la única forma de que el Estado y las instituciones puedan funcionar. Ahora bien, cuando es el propio gobierno el que viola las reglas de juego básicas, utilizando el aparato de recaudación de impuestos para hacer aprietes a eventuales adversarios políticos, mientras se hace la vista gorda o se brindan las condiciones para que los mafiosos, los corruptos y los narcos se desenvuelvan libremente, se daña seriamente los cimientos del sistema. Y se contribuye a la anarquía. Peor aún, durante el gobierno de los K, los responsables de conducir la AFIP miraron para otro lado y fueron cómplices mientras los amigos del poder se hacían millonarios a costa del Estado. Así ocurrió durante los años en que Hebe de Bonafini y Sergio Schoklender que se quedaron con cientos de millones de pesos que deberían haberse destinado a la construcción de viviendas sociales que nunca se levantaron. Algo similar ocurrió durante el affaire ocurrido cuando supuestos testaferros del vicepresidente Amado Boudou compraron la empresa Ciccone Calcográfica para quedarse con el negocio de la impresión del papel moneda. En esa ocasión, la AFIP le otorgó una moratoria extraordinaria a la compañía para regularizar su situación con el fisco, beneficio que no cuenta ninguna de las pymes que quedan bajo la mira del organismo recaudador. Ante semejantes antecedentes, el gobierno nacional actualmente no tiene la más mínima legitimidad. Es necesario, en ese sentido, reconstruir la credibilidad del Estado y aceitar todos los mecanismos para que los impuestos, que con mucho esfuerzos pagan los ciudadanos, vuelvan en más y mejores servicios para la población, y no terminen en las cajas de la corrupción.


Posted: 02 Jul 2013 03:39 AM PDT




Fuente: Noticias Verdaderas en la Época


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