por Julián A. de Diego Profesor titular de Derecho del Trabajo en carreras de grado y posgrado de la U.C.A.
Fraccionar, diferir, degradar, amortiguar, reducir, son algunas de las expresiones que se utilizan desde el discurso oficial frente a la peor amenaza que tienen los salarios que se negociarán en paritarias: el aumento del costo de la canasta familiar y la inflación centrada en los productos de primera necesidad. Es decir, que las condiciones las vuelve a imponer las reglas del mercado, que son incontrolables para el Estado, para los sindicatos, y sobre todo, para las empresas.
Haber dejado que explotara la crisis de las fuerzas de seguridad provinciales seguidas de reclamos de empleados públicos ha sido un paso en falso catastrófico, ya que las provincias no cuentan con los recursos, y el ejemplo que se brindó con un piso del 44% y de $7000 impone una réplica de los sindicatos estatales y privados, que como mínimo resguarde el porcentual o el monto precitados.
El modus operandi de los últimos nueve años dentro de ‘la era K’ plantearon un aumento superior a la evolución de las góndolas, fraccionado de modo tal, que el aumento total tenía un impacto inferior al 50% del aumento sobre el total del payroll. Por ejemplo, los ajustes del año 2013 llegaron al final a un 27/28% al final de los doce (12) meses del acuerdo, sin embargo, sobre el total de los haberes brutos liquidados en el mismo lapso, el costo real ascendió aproximadamente al 12/13%. A este mecanismo se le agregó el empleo, a menudo abusivo de las prestaciones no remunerativas, que permiten ahorrar cargas sociales y efectos colaterales en adicionales, horas extras o aguinaldo.
Hoy llegamos a una encrucijada en donde es muy difícil seguir adelante si no se establece con claridad un nuevo modelo y hacia nuevos objetivos que contribuyan a palear la inflación.
Si seguimos con los patrones de comportamiento que han observado las partes durante esta última etapa, los salarios batirán récord de ajuste, y con ello, se habrían convertido en uno de los motores de la inflación.
Las exigencias salariales de gremios emblemáticos superiores al 30% para la próxima negociación colectiva, y acuerdos ya firmados superiores al 26% comprometen seriamente la política restrictiva que promovió hace pocos días el Gobierno Nacional. La novedad de los bonos por inflación pedidos por algunos gremios en forma previa al comienzo de las negociaciones del 2014 o el acuerdo sobre puentes y adicionales provisorios está agregando bombas de tiempo al proceso de negociación que elevan los topes y producen efectos colaterales.
A estas señales de alarma, hay que relevar los mensajes de los líderes sindicales de las distintas fracciones o líneas de pensamiento, que dramáticamente coinciden en no someterse a ninguna regla emanada del Poder Ejecutivo.
Los mensajes de Antonio Caló desde la CGT oficialista coinciden con los de la CTA comunista de Micceli y con el Partido Obrero de una clara visión trotkista, y con la CGT opositora de Hugo Moyano, en el sentido de que cada gremio pujará por lograr lo mejor dentro de lo posible.
Los grupos disidentes serán mucho más recalcitrantes que las de los gremios oficialistas. Los Unión Ferroviaria por ejemplo, a través de Rubén Sobrero cuestionando a Sergio Sassia de la CGT Balcarce pidió el 40% relacionando las aspiraciones con lo logrado por alguna de las fuerzas policiales de las provincias, que dicho sea de paso, son también una imagen desestabilizadora de cualquier aspiración de paz social.
El mensaje de la Presidenta de la Nación reclamando prudencia a los gremios y la contradicción generada desde la Jefatura de Gabinete de que no hay topes ni restricciones a la negociación colectiva, contrastan con los pedidos de postergación de los acuerdos para marzo o abril, que pocos han acatado cuando los acuerdos vencían a fines de 2013.
Los llamados ‘puentes‘ para pasar el verano se pueden convertir en una trampa mortal para lograr un acuerdo razonable, por tres razones: nadie va a aceptar un incremento igual o menor que lo concedido en el puente; el puente se puede convertir en un plus fuera de las cuentas del año si se liquida como una suma no remunerativa y provisoria; y el puente debe conducir a la otra orilla no al abismo, y es posible que en marzo el cuadro social, laboral y sindical se haya convertido en un verdadero cataclismo.
Otro tanto ocurre con los ‘bonos por inflación’,(caso de Fate en San Fernando, Sindicato del Neumático) y especies análogas, que son sumas de pago único o en cuotas que se liquidan en forma no remunerativa, para palear los efectos de los aumentos de la canasta familiar.
El ajuste de adicionales fijos de los convenios, que tarde o temprano habrá que aumentar respecto de algún parámetro razonable, cuando se activan en períodos como el que viene, son otro medio de potenciar la catástrofe final.
La creación de nuevas categorías es otro recurso elusivo al que se recurrió para mostrar aumentos supuestamente relacionados con las pautas de conveniencia de cada año.
El incremento de los beneficios sociales como guardería, reintegro de gastos de medicamentos o servicios médicos complementarios, son otros componentes a los que se hecha mano para disimular la incidencia sobre los valores totales.
La ecuación del año 2014 es muy simple. Supongamos que el Poder Ejecutivo esté pensando en un 18% dividido en cuatro lapsos trimestrales. El primero de enero/marzo sin aumentos, el segundo de abril/junio de 6%, el tercero de julio/septiembre del 6% y el último de octubre/diciembre del 6%. Esto representa aproximadamente un 8% de aumento sobre el payroll total del año.
En cambio, los gremios plantean cuatro trimestres, todos ellos con ajustes. El famoso ‘puente’ del 1er. trimestre está trepando el 13/15%, con lo cual se llegó casi a los que el Gobierno piensa para todo el año 2014.
Si el piso del puente consume un 13/15%, cabe puntualizar que los ajustes de los tres trimestres siguientes no pueden ser inferiores al puente. Por lo tanto, es posible que cada uno de los tres trimestres represente un 5% adicional, generando un resultado anual de no menos del 30% de aumento real sobre las bases, aún cuando el escalonamiento -como ya referimos- tiene un impacto inferior de incidencia sobre el costo laboral total. Si el ajuste fuera del 6% trimestral llegaríamos al 33%, si fuera del 7% llegaríamos al 36% y así sucesivamente.
En síntesis, si el Poder Ejecutivo no sale pronto hacia una gran paritaria nacional para fijar un acuerdo marco, el desborde operará como una avalancha que se llevará todo por delante a su paso.
Cronista.com (7/1/14)
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