por Jorge Luis Vitale
Los fondos buitres están investigando los fondos y todos los activos que existen en el mundo producto de la corrupción en la Argentina y se dirigen a los funcionarios de gobierno, a sus empresarios amigos, y tienen en cuenta fundamentalmente los informes ya realizados y presentados ante el Congreso de los EEUU, realizados durante los años 2009/10/11/12/13, relacionados con la corrupción en la Argentina.
Por eso ya se han pedido activos para embargar de todas las personas denunciadas en este informe. Además se agregan las investigaciones realizadas por Campagnoli. Sin embargo, en nuestro país los jueces que investigan este tema no se le animan al gobierno por el nivel de los involucrados. Lo extraño de todo esto es que investigan más nuestros acreedores que el poder judicial.
Hay jueces que investigan estos hechos no sólo en EEUU sino también en Uruguay, España y Suiza, pero nuestros jueces no contestan los exhortos de esos jueces y la AFIP no da información sobre los activos declarados en la Argentina por esos funcionarios, empresarios o testaferros, para de este modo detectar los que no se pueden justificar. La UIF sólo controla a la oposición y protege a los K y a los narcos. La última denuncia realizada por los legisladores Sanz, Lousteau y Fernández Sánchez corrobora la denuncia realizada por mí en el 2011 y debería acumularse a la más antigua, ya que tienen el mismo objeto, que es el ocultamiento de los reportes que sistemáticamente cajonea la UIF. Sin embargo, los jueces no actúan y la UIF es un colador. La Argentina, para el GAFI, es un país catalogado como zona gris y, por ello, no confiable. Y el organismo más importante que investiga la corrupción ubica a la Argentina en los últimos puestos junto con Angola, Corea, Vietnam, etc., muy lejos de Europa, de Estados unidos y solamente con una calificación similar a la de Venezuela y Paraguay. La inactividad de los organismos de contralor, la corrupción, han producido en la Argentina la instalación de carteles de la droga, que no sólo comercian sino que también viven. Por eso día tras día mueren personas por enfrentamientos por la distribución y comercialización.
Una argentina, Marina Walker Guevara, coordina y organiza el consorcio internacional de periodistas de investigación. Con la colaboración de 86 periodistas del todo el mundo, está investigando los paraísos fiscales donde funcionan miles de empresas off shore, que lavan dinero, fugan divisas y todos con fuente en la corrupción, droga, trata de blancas. Estas investigaciones tienen como base el estudio de los informes de Wikileaks; y además, 2,5 millones de archivos que son superiores -160 veces mayores- a la filtración por parte de Wikileaks de documentación del Estado de EEUU. Y según este trabajo, la Argentina se encuentra entre los países que no superan el estándar mínimo de corrupción, es decir, somos catalogados como un país con alta corrupción. Por ello sería importante que en una causa denunciada ya hace más de dos años, la jueza interviniente pida estos informes, pues se anuncia que en diez días aparecerá un informe especial de la Argentina que compromete a funcionarios de alto rango, empresas importantes y bancos -en especial amigos del gobierno- a los que han arribado sobre el tema en cuestión, ya que la denuncia existente en la Argentina tiene la misma base.
Esto reconforta, porque las investigaciones las dirige una argentina, que sabe mucho de lo que pasó y pasa en la Argentina, pero además sabe que no se puede salir del subdesarrollo, si no se detecta la fuga de divisas (que en la Argentina superó en los últimos años los 100 mil millones de dólares), y en la actualidad se fugan no menos de 2.000 millones mensualmente.
Lo que no resuelven los jueces lo resolverán estas investigaciones y los ciudadanos que denunciemos estos hechos y también investiguemos. Pero ahora se agrega que nuestros acreedores tienen más información sobre estas personas que los propios jueces argentinos.
En una de estas causas, los fondos buitres, en la audiencia fijada para el 21 de agosto, informarán sobre todos los activos que pretenden embargar a la Argentina relacionados con esta mecánica de corrupción.
Por eso todo los hechos relacionados con Lázaro Báez y la protección de la UIF corroboran estos informes.
Lo resuelto por la UIF de no investigar es coincidente con lo que viene realizando en los últimos años: no investiga ninguno de los reportes que denuncian a los funcionarios del gobierno nacional. La causa está planchada y sólo se investiga a los opositores. Todos los organismos internacionales advierten que la UIF es un sello, que no existen técnicos en la materia y que está manejada políticamente. Sin embargo, los jueces y fiscales no actúan como deben actuar (caso Schoklender, Boudou, Ciccone, tarjeta SUBE, etc.)
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, el vicepresidente Gabriel Cuomo, colaboradores, y quien resulte responsable, fueron denunciados penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público, dadas las presuntas omisiones cometidas ante la salida de nuestro país de varios miles de millones de dólares que habrían sido depositados en tres países europeos y que se presume procederían del narcotráfico. Con fecha 14 de abril del 2011, está planchada y sin movimiento.
Se trata de la causa 4075/11, radicada en el Juzgado Federal en lo Penal N° 1, a cargo de Romilda Servini de Cubría. Los países en cuestión son Suiza, Luxemburgo y el principado de Liechtenstein, que han pedido a la UIF, pero aún no obtuvieron respuesta, informes de los presuntos titulares de voluminosas transferencias de dólares realizadas desde la Argentina en los últimos años. En la denuncia también se pide conocer si en las transacciones en cuestión podrían estar involucrados, además, los funcionarios del Gobierno Nacional: Ricardo Jaime, Héctor Capaccioli y los seis secretarios privados de la Presidenta: Isidro Bounine, Julián Álvarez, Héctor Muñoz Álvarez, Fabián Gutiérrez, Julio Daniel Álvarez, Rudy Fernando Ulloa Igor, Lázaro Báez y otros. El abogado denunciante, Jorge Vitale, se funda en el informe que la Secretaría del Departamento de Estado estadounidense, Hillary Clinton, rindió en el mes de diciembre del 2010/2011 ante el Congreso de aquel país. Otra de las fuentes del profesional es el cable 1257 filtrado por Wikileaks, fechado en Buenos Aires el 1 de diciembre de 2009. Allí se revela un despacho de la embajadora Vilma Martínez “con serias acusaciones de que una unidad anti-lavado clave de Argentina protegió a la pareja presidencial de ser investigada en el área de dinero sucio”. La embajadora Martínez consigna además que “el líder del equipo operacional del GAF es escéptico respecto a las intenciones del Gobierno Argentino” de afrontar estos problemas. Y que “algunos contactos de la embajada argumentan que el actual liderazgo del gobierno, incluyendo la Presidenta, podrían salir mal parados de una honesta y vigorosa persecución del lavado de dinero”. Subraya que en el informe al Congreso de EEUU se afirma que “la corrupción oficial que existe en la República Argentina” a la vez que se advierte que “es un problema de grave solución por estas mismas autoridades, ya que las mismas se encontrarían involucradas en hechos de corrupción”.
Para tal análisis, la UIF no cumpliría con las funciones a su cargo y además, “no habría informado adecuadamente los requerimientos de Suiza, Luxemburgo y Lichtenstein, relacionados con giros de dinero al exterior de la Presidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y del fallecido ex presidente Néstor Kirchner”.
“La casi completa ausencia del cumplimiento de la ley junto con una cultura de impunidad y corrupción hacen que Argentina esté madura para la explotación por parte de narcotraficantes y células terroristas”, se agrega en el cable.
“La mayoría sostiene que el tráfico de narcóticos se está transformando en un problema real -prosigue- y que, crecientemente, el dinero sucio que circula en el sistema financiero se origina en el tráfico de drogas”.
Otro dato relevante aportado son las consideraciones de “Fabio Contini, el italiano que encabeza el equipo operacional de la revisión y que pasó más de un año en Argentina como el agregado económico y financiero de la embajada italiana”.
Este funcionario, según el documento, “considera poco más que una cortina de humo” a las acciones del gobierno argentino en cuanto al lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Y concluye que esas acciones “están calculadas para un cumplimiento mínimo de los estándares internacionales y muestran poco entusiasmo real por limpiar el sistema financiero”.
El mismo funcionario, en el mismo texto, dijo a la Oficina Económica de la embajada estadounidense que el jefe de la UIF “está personalmente deteniendo informes de transacciones sospechosas del entorno de los Kirchner y se ha negado a responder las solicitudes sobre estas transacciones sobre los propios Kirchner hechas por Suiza, Liechtenstein y Luxemburgo”.
“Cualquier evaluación realista de la guerra contra las drogas tendría que concluir que esto es una farsa. Uno se pregunta cuántos otros gobiernos también practican los métodos de Argentina”. (Artículo publicado en The Wall Street Journal (EEUU) el 6 de diciembre de 2010).
Otro cable del 10 de septiembre del 2009 revelaba acusaciones no confirmadas de que su jefe de gabinete, Aníbal Fernández, tenía vínculos con los traficantes de drogas.
Finalmente, el abogado Vitale se refiere a “lo extraño” de la transformación que el gobierno impuso a la composición de la UIF, creada por ley 25.246 del año 2000. Recuerda que de los once miembros originales, cinco surgían por concurso. Pero que las modificaciones dispuestas por el gobierno nacional redujeron a siete los miembros y todos nombrados a dedo, sin concurso alguno, ni más idoneidad que obedecer el mandato del Ejecutivo.
Sobre esta argumentación, el denunciante solicita a la Justicia librar “oficio a las Embajadas de Suiza, Luxemburgo y Liechtenstein” para que confirmen si pidieron o no a la UIF informes sobre operaciones de “lavado de dinero” en las que podrían estar involucrados la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner y su fallecido esposo, Néstor Kirchner, como así también sus secretarios o personas allegadas (mencionados en la presente denuncia).
También para que se requiera a Estados Unidos la remisión del referido informe dado por la Secretario de Estado, Hillary Clinton ante el Congreso de aquel país,”en particular el capítulo referido a la Argentina”.
Existen otras causas que se encuentran también planchadas, sin actividad. Por ello, todas estas causas que la UIF archiva, con fuente en los reportes internacionales, involucran a las más altas autoridades y empresarios amigos.
Además, en la causa sobre los fondos buitres que afecta a la Argentina, se investiga si funcionarios argentinos han fugado dinero a paraísos fiscales. El juez de Uruguay, Valenti, el juez de España que investiga al PP español, la investigación de la ICIJ incluye todos los paraísos fiscales, lavado de dinero, instalación de carteles de la droga y trata de personas, estando comprometidos los diarios más importantes del mundo y los periodistas de 46 países; y ya se ha dado información sobre Francia, Venezuela, Alemania, Australia y otros. Y de la Argentina se sabe que se encuentra calificada como Angola, Corea, Vietnam, es decir, en los lugares donde existen los más altos grados de corrupción. Lo más extraño de todo esto es que la justicia internacional y nuestros acreedores denuncien los nombres de funcionarios, empresarios y testaferros que han fugado dinero de la Argentina, producto de a corrupción, lavado de dinero y droga.
Dr. Jorge Luis Vitale
Abogado
Tel: 4962-1858
estudiojuridicovitale@hotmail.com
Informador Público (agosto 17, 2014)
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