El nombramiento de los dos jueces de la Corte por decreto levantó gran polémica desde que fue anunciada y muchos llegaron a calificarlo como el primer gran error de Mauricio Macri. Son pocos los que lo avalan y muchos los que adhieren a las críticas del kirchnerismo que llegó a proponer una movilización para oponerse. Desde el gobierno dicen que es "legal y constitucional". Pero, ¿cómo lo justifican?
Ciudad de Buenos Aires (Urgente24) El Gobierno de Mauricio Macri oficializó hoy el decreto de nombramiento de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como nuevos jueces "en comisión" de la Corte Suprema de Justicia a través del decreto 83/2015 publicado esta mañana en el 'Boletín Oficial'.
Allí, el Poder Ejecutivo señala que "es absolutamente necesario que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se encuentre en condiciones plenas de funcionamiento a la mayor brevedad posible, por lo que resulta procedente la designación de dos juristas para integrar el Alto Tribunal".
En ese sentido, recuerda que "las decisiones de la Corte Suprema se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de los jueces que la integran", y que "en el actual contexto no podrán adoptarse decisiones jurisdiccionales que no cuenten con la unanimidad de los tres actuales integrantes del Alto Tribunal".
El decreto cita el artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional que faculta al Presidente de la Nación "llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura".
Entre los considerandos, el decreto cita la doctrina de la propia Corte en cuanto a que "el Presidente de la Nación se encuentra facultado para cubrir vacantes que requieran el acuerdo del Senado, que se hubieran producido durante el receso mismo del Poder Legislativo o con anterioridad".
Pero además, menciona como antecedentes del mecanismo de nombramiento de jueces en comisión lo realizado por el ex presidente Raúl Alfonsín, quien en 1984, en los términos del artículo 86, inciso 22 de la Constitución Nacional entonces vigente designó en comisión a los miembros de las Cámaras Federales de Bahía Blanca, La Plata y Comodoro Rivadavia, como también a los jueces federales de los departamentos de San Martín, Mercedes y San Nicolás.
"Que el ejercicio de la facultad constitucional referida precedentemente impone escoger integrantes con comprobada independencia de criterio, antecedentes académicos de envergadura y que carezcan de vinculación política o personal con quien los designa, promoviendo de esta manera la autonomía, independencia y eficacia de la justicia", agrega el decreto firmado por Mauricio Macri.
Pero la decisión del Gobierno de completar la conformación de la Corte, que quedó con solo tres integrantes a partir de las renuncias de Eugenio Zaffaroni y Carlos Fayt, se conoció ayer a través de un comunicado de prensa, que levantó una dura polémica.
La excandidata presidencial, Margarita Stolbizer, fue una de las primeras en poner el grito en el cielo. Calificó la decisión de Macri de designar a dos jueces de la Corte hasta tanto vuelva a sesionar el Senado de un "enorme retroceso institucional".
Vía 'Twitter' sostuvo:
"Primer y grave traspié del Presidente Macri. Nombrar por decreto jueces en comisión a la Corte es un terrible retroceso institucional. Ni CFK se ánimo a tanto. El inc.19 del art.99 CN se refiere a empleos. Podrían ser embajadores, miembros fuerzas armadas, directores BCRA. No puede nombrar x decreto en comisión a los titulares del otro poder del estado. Que independencia podrían tener con ese mecanismo?
Por mucho menos la Corte declaro la inconstitucionalidad de las subrogancias y los nombramientos irregulares de CFK. Podrá sobrevivir esto?
Enorme retroceso institucional: usar un artículo de la época de la colonia para designar jueces en comisión. Rifa el crédito inicial
El mecanismo constitucional del Acuerdo y los 2/3 del Senado son lo que otorga equilibrio a los poderes y legitimidad al nombramiento.
Jamás se designo un Juez de la Corte en comisión desde la recuperación democrática. La decisión no es propia del estado de derecho.
Un juez tiene garantía de estabilidad. A estos podrían removerlos derogando el decreto? Insostenible! Inadmisible!
Tener minoría en las cámaras legislativas no habilita al Presidente a salir de los márgenes que le impone la Constitución Nacional."
Esta mañana, el ministro de Justicia, Germán Garavano, argumentó que el nombramiento de dos jueces de la Corte "en comisión" se debe a la necesidad del Gobierno de dictar "varios decretos de necesidad y urgencia", entre otros motivos, para "postergar la puesta en marcha del Código Procesal Penal", prevista a partir de marzo próximo.
El funcionario aseveró que el presidente Mauricio Macri "está en todo su derecho" de haber hecho las designaciones de la manera que lo hizo, y estimó que "en todo caso, la sociedad lo juzgará".
Al hablar por 'Todo Noticias', Garavano recordó que "la Corte había planteado que estaba en una situación bastante irregular" con tres miembros, tras la renuncia de Carlos Fayt, y que "necesitaba unanimidad para resolver casos".
También dijo que, según la Constitución, "en caso de receso, el Presidente puede nombrar en comisión y al Presidente le parecía que transitar este camino de institucionalidad era nombrando" a los nuevos miembros de la Corte.
El abogado constitucionalista, Eduardo Barcesat, consideró que las designaciones son "un mecanismo previsto en la Constitución nacional".
"Se trata de un mecanismo previsto por la Constitución. Se trata de una decisión que no resulta incorrecta desde el punto de vista de lo que establece la Carta Magna", señaló Barcesat, un abogado que siempre se mostró cercano a los K.
El letrado, que además fue convencional en la Asamblea Constituyente que reformó la Constitución en 1994, aseguró que propuso este mecanismo cuando el año pasado, un grupo de senadores se negó a tratar el pliego del jurista Roberto Carlés para ocupar un lugar en el Máximo Tribunal, tal como lo propuso el gobierno de Cristina Fernández.
"Propuse este mecanismo cuando estaba trabado el pliego de (Roberto) Carlés debido a que un grupo de senadores se negaba a tratarlo. Pero el Gobierno decidió que no era prudente hacerlo", aseguró.
Para el jurista, lo ideal es que los nombramientos de Rosenkratz y Rosatti sean avalados por el Senado, que pudo haber sido convocado a sesiones extraordinarias para tales efectos.
En tanto, Carlos Arslanian, ex juez y ministro de Justicia, respaldó a los candidatos pero se indignó con el mecanismo. "De ningún modo se justifica. Debe darse una situación de extrema urgencia para obviar los procedimientos regulares", dijo, y sostuvo que la norma invocada no puede ser aplicada para designar jueces de la Corte. "Para eso están los conjueces. No hay justificación", afirmó.
El exministro de Justicia durante el gobierno de la Alianza, el radical Ricardo Gil Lavedra, lamentó hoy el nombramiento por decreto de dos jueces "en comisión" en la Corte Suprema, a los que calificó como "un error grave", y advirtió que "sienta un precedente funesto".
"Sinceramente me parece que es una equivocación, un error grave, y sienta un precedente muy funesto, muy malo, porque cualquier Presidente podría durante el receso nombrar jueces, y al año siguiente, durante otro receso, podría volver a nombrarlo, y así tendría jueces suyos todo el tiempo. Y eso no es admisible", advirtió.
Por su parte, el senador nacional por el frente Cambiemos Julio Cobos aseguró hoy que está "sorprendido" por los nombramientos por decreto de dos jueces "en comisión" en la Corte Suprema de Justicia, hecho que calificó "innecesario" y "sin razones". "La Corte puede funcionar con tres miembros, si bien es cierto que requiere unanimidad en sus decisiones. Pero la salida más adecuada es el llamado a extraordinarias", agregó.
El diputado nacional y secretario general de la agrupación kirchnerista La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque, advirtió hoy que los nombramientos tuvieron una "inspiración poco republicana y poco democrática". Además, alertó que el Frente para la Victoria "no" va tomar a esas designaciones "con parsimonia, sino todo lo contrario".
También el jefe de bloque de Diuputados del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, instó al presidente Macri a "dar marcha atrás" con su decisión de designar en comisión a dos miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque transgredió los "límites de la República".
Además, convocó a una "movilización popular" a la que, dijo, "tiene que concurrir todo el pueblo para poner límites" a este tipo de medidas presidenciales.
Ricardo Recondo, juez y presidente de la Asociación de Magistrados, defendió el método. "Es el procedimiento que establece la Constitución en receso del Senado, es inobjetable. Corre por el pellejo de los designados que no consigan acuerdo. Me parece razonable y los candidatos tendrán la misma independencia que si hubieran ido al Senado, por su prestigio".
En tanto, el constitucionalista Daniel Sabsay dijo: "Me preocupa mucho. Si lo hubiera hecho Cristina Kirchner hubiéramos dicho de todo, pero ella no se animó a algo así. Creo que la forma de la designación es abiertamente inconstitucional y sienta un precedente peligrosísimo".
"El inciso 19 del artículo 99, cuando dice que se puede designar en comisión empleos que requieren acuerdo del Senado, habla de empleos del Poder Ejecutivo como embajadores o altos oficiales de las Fuerzas Armadas. Nunca, de ninguna manera, es la cabeza de otro poder (del Estado). ¿Qué grado de independencia pueden tener personas que solo dependen del dedo del Poder Ejecutivo?", fustigó el especialista hoy en radio 'América'.
Además, el jurista planteó que el artículo 99 de la Constitución Nacional "está derogado por la costumbre contraria" (la lex consuetudo), ya que la última vez que se aplicó fue en 1852, cuando se sancionó la Carta Magna. "Me da mucha tristeza porque todos los pasos que dio Macri me han emocionado hasta las lágrimas y esto me horroriza", fustigó Sabsay.
El constitucionalista Andrés Gil Dominguez, que enfrentó al kirchnerismo y consiguió que la Justicia se pronunciara contra la ley de subrogancias, dijo: "Cristina era una demócrata comparado con esto. Tanto peleamos por evitar que haya subrogantes sin legitimidad y ahora vamos a tener jueces de la Corte sin legitimidad".
Otro de los que se mostraron contrariados por la medida fue el senador del PJ no kirchnerista, Jorge Yoma. En su opinión, coincidió con la interpretación de que el artículo 99, inciso 19, solo aplica a los funcionarios del Poder Ejecutivo y que "no tienen estabilidad", por lo tanto, no aplica a los jueces. De la misma manera se opuso a que el Presidente desplace a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
"Si el Presidente puede nombrar por decreto la Corte Suprema y por la misma vía echar al Procurador General, devuelvo mi diploma y me hago coiffeur", bromeó en su cuenta de 'Twitter'.
Urgente24 (15/12/2015)
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